La corrupción nos cuesta a todos; nos cuesta en costo de servicios que siguen aumentando, mientras no vemos una mejoría en la calidad de vida. El País invierte sobre $65 millones en la estructura actual de distintas oficinas fiscalizadoras y no vemos los resultados. Las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en Puerto Rico se han estimado en un 10% de presupuesto gubernamental, lo cual podría significar un malgasto de hasta unos $1,240 millones que hoy no están siendo destinados a dar servicios a la gente.
Nos cuesta cuando nuestros estudiantes no reciben la educación adecuada, porque los nombramientos se hacen puramente políticos. Nos cuesta cuando nuestra gente sigue emigrando de Puerto Rico y las familias se separan.
Nos cuesta cuando los billones que recibe el Gobierno se quedan en los bolsillos de unos cuantos amigos del PNP mientras que tú estás tratando de sobrevivir.
Así no podemos subsistir. Así no hay futuro ni esperanza. Debemos devolverle la confianza al pueblo y para eso hay que tomar medidas puntuales que nos garanticen que el que llegue al gobierno, lo haga para trabajar y no para servirse.
Por eso, no tendremos ninguna consideración contra los corruptos y entre otras medidas, implantaremos las siguientes:
- Reformulación estructural – Consolidaremos las facultades del Panel del Fiscal Especial Independiente y la Oficina de Ética Gubernamental. Se creará la Oficina de Integridad, Eficiencia y Transparencia en el Servicio Público, que será un organismo autónomo encargado de velar por el cumplimiento fiel de las políticas de gobierno limpio.
- Regularemos las puertas giratorias – Estableceremos una prohibición de 4 años como el tiempo estipulado para que un exfuncionario pueda realizar trabajos de cabildeo con la agencia a la que perteneció o tuvo relación contractual.
- Firmaremos la Ley del Registro de Cabilderos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde cada entidad estará obligado a divulgar los intereses que representa. Esta ley incluirá una credencial una vez se registren y sanciones para aquellos que lleven a cabo funciones de cabilderos sin estar debidamente registrados.
- Reforzaremos los parámetros para la subcontratación en el gobierno. No es sostenible continuar con la práctica de que se utilice la subcontratación como subterfugio para confundir al gobierno y al pueblo con respecto a quiénes se benefician en última instancia de los contratos que se otorgan con dinero público.
- Convertiremos en Ley mi proyecto de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, que pretende atender los señalamientos sobre problemas a la hora de tener acceso a información pública. Crearemos un nuevo marco legal que garantiza y facilita el acceso a información pública en Puerto Rico.
- Presentaremos legislación para regular los procesos de contratación de empleados de confianza.