Recuperar la paz en nuestras calles, nuestros barrios y urbanizaciones nos permitirá salir a trabajar, educarnos y disfrutar sin convertirnos en una víctima más del crimen.
Nuestra propuesta incorpora estrategias, como el uso inteligente y sistemático de la tecnología en la prevención y la intervención del delito, el tratamiento salubrista de las adicciones y un nuevo empuje a la rehabilitación de los confinados hacia la educación y el readiestramiento. Aspiramos también a un sistema de justicia efectivo, que trabaje con precisión y celeridad para castigar al delincuente y que garantice los derechos de las víctimas, los del transgresor y las aspiraciones de tranquilidad y seguridad de la sociedad. Además, nuestra propuesta presta particular atención a la violencia contra los más vulnerables y encara con perspectivas actualizadas la escalada de violencia por motivo de género y la violencia contra niños y ancianos.
- Eliminaremos el Departamento de Seguridad Pública para mayor eficiencia de las agencias adscritas y un mejor funcionamiento del aparato de seguridad de la Isla.
- Detendremos el flujo de armas ilegales estableciendo más y mejores puntos de inspección de los cargamentos que ingresan a la isla en cada uno de los puertos y aeropuertos de Puerto Rico.
- Estableceremos un sistema de vigilancia electrónica para nuestras costas en coordinación con el gobierno federal, utilizando la tecnología de cámaras de detección de movimiento de embarcaciones en perímetros protegidos, con sensores infrarrojos y de medición de rutas.
- Respaldaremos la profesionalización de la Policía de Puerto Rico y al mismo tiempo le brindaremos más y mejores recursos tecnológicos para hacer frente a la ola criminal.
- Daremos propiedad a identificar recursos a la Policía de Puerto Rico para mejorar condiciones laborales de los agentes, garantizándoles la paga que merecen y revisando el sistema de retiro de los policías.
- Estableceremos un sistema de beneficio a las familias de los oficiales caídos en el deber.
- Implantaremos un programa de intervención con sobrevivientes de violencia de género, siguiendo el modelo del Programa RAMA del Municipio Autónomo de Carolina. A través del mismo, brindaremos a las sobrevivientes orientación, apoyo, intercesoría legal, educación y la ayuda necesaria para conseguir un empleo seguro y digno. El propósito es que las mujeres que han pasado por esta terrible experiencia puedan conseguir su independencia y vivir de forma segura y plena.
- Estableceremos un programa de acceso a vivienda para las y los sobrevivientes de violencia de género.
- Crearemos, junto a organizaciones de base comunitaria, un programa de vales para sufragar vivienda temporera para mujeres sobrevivientes.
- Estableceremos un programa compulsorio de rehabilitación para convictos por violencia doméstica. El programa enfatizará en entender las causas y los diferentes tipos de abuso: físico, emocional, sexual. El programa comenzará en las instituciones penales y les dará seguimiento a los confinados una vez sean excarcelados. En aquellos casos que el delito no conlleve tiempo de cárcel, se proveerá un programa fuera de las instituciones penales que durará un mínimo de dos (2) años, según lo propuse en el P. de la C. 2102.
- Implantaremos de forma ágil leyes de reciente creación para trabajar diferentes aspectos de la violencia doméstica y de género:
- Ley 74-2023- Reconocer la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica; para ordenar a agencias concernidas a hacer acciones afirmativas para garantizar la difusión y el cumplimiento con la política pública en contra de la violencia doméstica.
- Ley 89-2023– Para crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de violencia doméstica
- Ley 90-2023– Para viabilizar que organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres puedan tener la facultad legal de certificar a las intercesoras e intercesores legales que asisten a las víctimas de violencia doméstica.
- Ley 95-2023– Autorizar en la misma vista celebrada al amparo de la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal de 1963, a que se expida una orden de protección cuya vigencia no será menor de un (1) año en los casos de reincidencia, y seis (6) meses en los primeros casos.
- Evaluaremos el proceso de despenalización de la marihuana y utilizaremos un enfoque salubrista para atender el problema de adicción a drogas.